El actual Código de Procedimiento Penal de Chile fue propuesto por el Presidente Jorge Montt al Congreso en el año 1894. Basado en normas de la antigua legislación española, sólo ha experimentado pequeñas modificaciones parciales en casi 100 años de existencia.

Ello ha generado una brecha entre las necesidades actuales de administración de justicia y la capacidad de nuestras instituciones para proporcionarla.

Enmarcado en el plan de modernización del Estado, el Gobierno del Presidente Ricardo Lagos está poniendo en marcha un conjunto de cambios destinados a dotar al país de una nueva justicia, oportuna, eficiente, transparente, clara y confiable, al alcance de todos los chilenos. Sin duda, el cambio más significativo de este proceso es la implementación de la Reforma Procesal Penal.

La fase de investigación es secreta y, en la mayoría de los casos, mediada por actuarios. Las policías reciben órdenes amplias de investigar, lo que impide un control eficiente sobre la forma en que se desarrollan las indagaciones.
Los involucrados en proceso penal, víctimas o acusados, tiene escaso contacto con el juez.
Las víctimas no tienen representante ni protección para hacer valer sus derechos.
El proceso se desarrolla por medio de expedientes escritos, los que pueden ser alterados o extraviados.
La mayoría de las pruebas para acusar o absolver a una persona se recopilan y analizan en una etapa secreta.
Normalmente, el procesamiento implica la prisión preventiva del acusado, aunque finalmente resulte inocente.
La víctima y el imputado enfrentan un largo proceso burocrático y muchas veces no tienen posibilidad de acceder a una defensa gratuita, a través de un abogado.
El juez obtiene antecedentes de la investigación durante el proceso, por lo que se forma una opinión antes de escuchar la defensa del acusado, transformándose la etapa de Plenario en una cuestión más bien formal.

Se crea el Ministerio Público, entidad compuesta por fiscales que deberán dirigir la investigación y la acción de la política para éstos efectos, y proteger a víctimas y testigos.
Los acusados que no tengan recursos para costear una asistencia legal particular, podrán acceder a una Defensoría Penal Pública que cautelará sus intereses.
Existirá un Juez de Garantía, quién velará por el correcto desarrollo de la investigación.
Se creará también el denominado Tribunal Oral en lo Penal, integrado por tres jueces que desarrollarán el juicio oral público, instancia en la que el Ministerio Público y la Defensa Penal Pública se enfrentarán con igualdad de armas jurídicas.
El juicio será más rápido y la sentencia se conocerá a la brevedad.

La reforma estructural de la justicia busca modificar el actual sistema procesal penal, con el objetivo principal de garantizar el debido proceso a todos los ciudadanos.
La Reforma busca profundizar la democracia, establecer un mayor respeto a los derechos de las personas, proteger a las víctimas de los delitos, concretar una sanción imparcial y rápida de la delincuencia y, sobre todo, acercar ala justicia a la gente.
En lo medular, la Reforma separa funciones de investigar y juzgar en órganos distintos, entregando la primera de ellas a una entidad autónoma y técnica (el Ministerio Público) y la segunda al Poder Judicial.
Las instituciones involucradas y los nuevos actores del sistema ya han comenzado a ser nombrados.
La primera etapa de la Reforma se está implementando en las regiones de Coquimbo y la Araucanía, lugares donde deberá entrar en vigencia el 16 de diciembre de este año.